Sobre la base de datos

Al momento, se han dado a conocer al menos tres bases de datos elaboradas por la Procuraduría General de la República (PGR) que han sido filtradas a medios de comunicación y por tanto, a la opinión pública. La primera, del portal electrónico Impacto, que registra 16 mil casos; la del periódico The Washington Post, con más de 25 mil; y la del periódico The Angeles Times, con 20,851 casos, a partir de la cual CIC-PC realiza este informe.

Este información se presenta a partir de la base de datos titulada “Base integrada de personas no localizadas” proporcionada por Tracy Wilkinson del periódico LA Times. Es un documento que llegó a medios de comunicación como resultado de una filtración al interior de la Procuraduría General de la República.

Es importante advertir los límites de la base de datos a la que el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica tiene acceso. Son registros que no permiten distinguir entre personas desaparecidas por la situación de violencia en México y aquellas que se extraviaron durante el gobierno de Felipe Calderón por otras circunstancias. Sin embargo, esta base de datos es una de las pocas fuentes de información a la que la sociedad civil ha tenido acceso para comenzar a poder comprender la verdadera magnitud de la violencia en México de los últimos 6 años.

La lista a la cual CIC-PC tiene acceso cuenta con información relativa a los nombres y nacionalidades de los desaparecidos; estado, municipio y localidad en los cuales fueron sustraídos; fecha de reporte, agencia que envía el reporte y status actual del expediente, entre otras. Esta lista contiene los datos de los desaparecidos que fueron reportados del 2 de agosto de 2006 al 29 de febrero de 2012. La base de datos íntegra está disponible para toda organización de la sociedad civil, investigador y medios de comunicación interesados en el tema de las desapariciones en México y en seguir construyendo esta memoria histórica con la debida protección a los datos personales y a la seguridad de los denunciantes.

Finalmente, advertimos que la base cuenta con algunas inconsistencias que sobresalen en el análisis. En primer lugar, existen disparidades en el número o edad de los desaparecidos -en algunos estados menos de diez personas desaparecieron y en otros ningún menor de edad desapareció en un periodo de seis años-, o en la fecha de denuncia -en 2007, 16 estados no reportaron ningún desaparecido-. Son inconsistencias que no podrán aclararse hasta que la Procuraduría General de la República publique oficialmente la base de datos de desaparecidos que los corresponsales extranjeros citan mientras la opinión pública en México sólo tiene pequeñas dosis de información. Es sólo a partir de la transparencia en la acción estatal que podremos avanzar en la consolidación de un Estado democrático y en la construcción de la memoria histórica sobre la violencia que enfrenta México.

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